La Defensoría del Pueblo de Avellaneda reclama mejor servicio de suministro eléctrico

Porque la provisión de electricidad, agua y gas responden al orden de los Derechos Humanos, reconocidos por la Corte Suprema, y que jamás las empresas cumplieron

Porque  como Derechos Humanos, no están en discusión, es sólo cumplir la ley;

Porque  las empresas cuando firman un contrato, tienen riesgo empresarial; no solo ganancial

Porque los usuarios son rehenes de un servicio, pues no pueden elegir otro;

Porque  el ente regulador debe ser el garante al cumplimiento de los derechos de los Usuarios;

Porque en los últimos años no mejoraron el servicio, a pesar de los costos que en la facturación, que en muchos vecinos es confiscatorio;

Porque la Corte de Justicia de la Nación, advirtió que las tarifas deben ser proporcionales al ingreso de los vecinos;

Porque  hay casos de jubilados donde la tarifa de luz es superior al ingreso por jubilación o pensión;

Porque  las empresas públicas deben dar cuenta de las inversiones que no hicieron;

Porque es necesario se hagan públicos los balances de las empresas de los rendimientos de ganancias, sin que se vean reflejados en la inversión y beneficio del vecino;

Porque  las Audiencias Públicas, hasta que no sean vinculantes, son un circo y meras declamatorias

Porque  todos los Funcionarios políticos deben estar presentes en dichas audiencias, al menos para visibilizar la situación de semejante fraude a los argentinos;

Porque hay Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina, con rango constitucional que avalan nuestros dichos;

Porque la falta incomprensible de legitimación procesal de las Defensorías del Pueblo, en general, devienen en no poder defender, a pleno el derecho de los vecinos;

Porque  tal circunstancia se debe al gobierno anterior con una justicia coartada para las y los vecinos.

 

Daniel García
Defensor del Pueblo de Avellaneda