Dietrich dijo que las obras no se van a detener

El Gobierno presentó un fideicomiso dirigido a garantizar los procesos de la obra pública bajo el sistema de Participación Pública Privada (PPP), a través de la captación de fondos provistos por los bancos para que las empresas lleven adelante la ejecución de los proyectos comprometidos con el Estado.

“Estamos comprometidos en cuidar el trabajo y continuar con las obras de infraestructura, esos caminos que salvan vidas, aeropuertos que nos conectan, transporte público que permite que viajemos mejor, más rápido y más seguro”, enfatizó Dietrich.

El Banco Nación hará un aporte de entre 200 millones y 300 millones de dólares al fideicomiso de PPP y pondrá a disposición una línea de unos 30.000 millones de pesos para que las empresas constructoras puedan descontar certificados de la obra pública tradicional que hoy está en marcha.

El fideicomiso actuará de intermediario, tomando fondos prestados de bancos y luego girándolos a las firmas con el mismo financiamiento que venían negociando.

De esta manera, las entidades bancarias tendrán como cliente deudor al fideicomiso del Ministerio de Transporte y no a las constructoras.

El fideicomiso captará la liquidez de 1200 millones de dólares que tenían los bancos para destinar a las obras PPP del primer año y que, debido a sus políticas de compliance (no prestarle a nadie que esté imputado en una causa judicial), pusieron estos créditos en pausa.

Para garantizar los préstamos, la administradora presentará un sistema de garantías, incluyendo los 600 millones de dólares de caución que los consorcios habían depositado para la adjudicación y que aplicarían en caso de incumplir con sus contratos.

El fideicomiso exigirá a los contratistas cesión de garantía de derecho de crédito (incluso pago por inversión), títulos de reconocimiento de inversión trimestrales (la forma en que el Estado le paga a las empresas por las obras), garantías corporativas asociadas a los accionistas, prenda de acciones y fianzas personales.

Las empresas van a tener que adherir a un conjunto de normas éticas y de integridad para su actuación, elaboradas por los organismos de control competentes en la materia (SIGEN, OA, CNV, CNDC y UIF).